El Gobierno nacional dispuso un fuerte ajuste en el sistema de subsidios destinados al transporte de larga distancia para personas con discapacidad, una medida que generó preocupación entre organizaciones sociales, familias y prestadores del servicio. La decisión impacta directamente en los pasajes gratuitos o con cobertura estatal utilizados por miles de usuarios en todo el país.
Según se informó, el recorte afecta al esquema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte por los boletos otorgados a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Desde el sector advierten que la medida podría traducirse en menos disponibilidad de plazas y mayores dificultades para acceder a viajes esenciales por cuestiones de salud, educación o tratamientos médicos.
Distintas entidades vinculadas a la discapacidad cuestionaron la decisión y señalaron que el ajuste representa un retroceso en materia de derechos adquiridos. Además, remarcaron que muchas personas dependen exclusivamente de este beneficio para poder trasladarse a centros médicos especializados o mantener actividades laborales y educativas.
En medio de la polémica, crece la incertidumbre sobre cómo continuará funcionando el sistema en las próximas semanas. Mientras tanto, organizaciones y familiares reclaman una revisión urgente de la medida y exigen garantías para asegurar el acceso al transporte de quienes más lo necesitan.
