El principal asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Silvio Robles, no solo protagonizó, la semana pasada, la más tensa de las audiencias llevadas adelante por la Comisión de Juicio Político en Diputados, sino que la querella que impulsa fue notificada de dos procesamientos con prisión preventiva de los principales implicados en la causa por espionaje a una decena de jueces federales.
El dato saliente es que el expolicía Ariel Zanchetta -acusado de haber cursado miles de consultas a bases de datos con información confidencial desde hace más de un año y medio- realizó una búsqueda de información también sobre el director de la vocalía de Rosatti, un día antes de que se difundiera que habría concurrido a una fiesta de cumpleaños con el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
Ese fue el principal motivo que esgrimió la Procuración del Tesoro para intentar apartar a Rosatti del litigio entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la quita de la coparticipación, algo que el resto de los ministros de la Corte rechazó de plano. En su querella, Robles relacionó ambos hechos. La causa por espionaje a magistrados -vía suplantación de identidad para duplicación de líneas telefónicas- ya tiene sindicados a los responsables de la ejecución de esa maniobra y busca escalar hacia quién o quiénes habrían encargado la operación. La clave fueron las fechas de las consultas.
El viernes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi proceso con prisión preventiva a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro (el hacker misionero) y a Zanchetta, en el expediente donde figuran como damnificados Rosatti, Carlos Rosenkrantz; la jueza de Misiones María Verónica Skanata; el juez de Casación Mariano Borinsky, su par Gustavo Hornos; dos jueces del Tribunal Oral de Vialidad Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; y el gobernador Oscar Herrera Ahuad.
En ambos casos se consideró que eran responsables de haber recabado información de las víctimas a través de ingresos ilegítimos a bancos de datos personales, con el objetivo posterior de utilizarlos para responder las trivias que las empresas de telefonía realizan cuando se reemplaza la tarjeta SIM y simular que son las propias víctimas las que solicitan el cambio (SIM Swapping), y de esta forma ingresar en sus aplicaciones de mensajería o redes sociales. Y, del mismo modo, requerir sumas de dinero en nombre de los magistrados.
Martínez de Giorgi consideró la falta de mérito para Julián Bellido, a nombre de quien estaba una cuenta de Mercado Pago hacia donde se solicitaban las transferencias. Para la Justicia, integraron “una organización criminal que, actuando de manera coordinada desde, al menos, febrero de 2022 y hasta el mayo 2023 inclusive, realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados”.
El expolicía de Junín no es un nombre desconocido dentro del ambiente subterráneo del espionaje. Bajo la fachada de actividades periodísticas participaba en algunos portales con un seudónimo. El interés periodístico que invocó para las más de dos mil consultas que hizo a la base de Sudamérica Data no convenció a nadie. Fuentes de inteligencia consultadas por Ámbito lo ubicaron como un confidente de la Delegación La Plata de la AFI, al menos hasta finales de 2019. Del cotejo que hizo el juzgado, no aparecía ninguna nota relativa al flujo de información que había consultado.
El 8 de septiembre de 2022, Zanchetta solicitó desde la IP correspondiente a su domicilio, informes con relación a los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, a las 17:02 y 17:39 horas, respectivamente. Además, accedió también a informes de Ricardo Lorenzetti, Horacio.
Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el 11/5/2022 a las 20:21, 20:24 y 20:25 horas, respectivamente; de los jueces federales de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Leopoldo Bruglia (8/9/2022 a las 17:53 hs.) y Pablo Bertuzzi (8/9/2022 a las 17:57 hs; del juez federal de la ciudad de Córdoba – Ricardo Bustos Fierro (8/9/2022 a las 16:57 y 18:07 hs) y del juez federal de la Ciudad de La Plata Ernesto Kreplak (1/8/2022 a las 17:42 hs). Hubo correlatividad y coincidencia entre las fechas en las que se realizaban las consultas y el momento en el que los jueces perdían el control de sus teléfonos.
Pero también Zanchetta pidió una decena de veces informes sobre Robles y obtuvo ingresos el 18/8/2022 a las 16:33 y 16:46. Al día siguiente, un diario oficialista publicó una nota sin firma en la que mencionó una fiesta de cumpleaños, ocurrida el 15 de agosto en la que se lo vinculaba a D’Alessandro, lo que motivó que el 27 de agosto el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez pidiera la recusación y excusación de Rosatti en la causa Coparticipación, sin éxito, porque el resto de los jueces de la Corte consideró que de haber ocurrido así, no era motivo que justificara un apartamiento de un ministro. Luego, llegaría el episodio de difusión de chats que fueron judicializados e invalidados como prueba. “La mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”, afirmó Robles en su presentación.
A partir de haber confirmado que Nuñes Pinheiro y Zanchetta participaron de una organización dedicada al acceso indebido a comunicaciones, en concurso ideal con de acceder a bancos de datos violando sus sistemas de seguridad, interrupción o entorpecimiento de comunicaciones, en concurso real con estafa en grado de tentativa, la investigación se encamina ahora a un peldaño superior: saber quién ordenó esa operatoria y escogió los “blancos”.
Fuente: Ámbito
