Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex funcionario y operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, recibió un duro revés en Uruguay: la Comisión de Refugiados (CORE) de ese país rechazó su condición de refugiado y, por ahora, no podrá pedir asilo en ese país.
El CORE es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tenía 90 días desde que se suspendiera la extradición de Rodríguez Simón para expedirse y hoy, cumplido ese plazo, lo hizo en contra del ex funcionario.
Ahora, el próximo paso es que el CORE le remita su dictamen a la justicia uruguaya para que ésta resuelva sobre el pedido de extradición de María Servini para que “Pepín” regrese a la Argentina para ser detenido en una causa iniciada por Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra Macri, Rodríguez Simón y otros en la que están acusados de formar una “asociación ilícita” para desapoderar al empresario de sus compañías y encarcelarlo.
En el pedido de extradición, Servini fue contundente sobre las responsabilidades de Rodríguez Simón en los delitos que se le imputan: “Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas. En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.
La magistrada había citado a indagatoria al ex funcionario para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio y allí fue cuando el operador judicial decidió no presentarse y radicarse en Uruguay. Luego, en mayo, Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón. En la misma resolución pidió un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.
En los cruces telefónicos que analizó Servini y complicaron a Rodríguez Simón, aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio -entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019- con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”. Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraban 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa -el juez fue al casamiento de la hija de “Pepín”.
