El gobierno de Venezuela dio por finalizada la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una medida implementada en febrero de 2026 con el objetivo de favorecer la reconciliación política y reducir las tensiones sociales acumuladas durante años de conflicto institucional. Según las autoridades, miles de personas fueron alcanzadas por el beneficio durante su vigencia.
Al presentar el balance oficial, la administración encabezada por Delcy Rodríguez sostuvo que la amnistía permitió revisar causas judiciales vinculadas a hechos políticos y facilitó la liberación de numerosos detenidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron el alcance real de la medida y denunciaron que aún permanecen presos políticos excluidos del proceso.
Tras el cierre de esta etapa, el Ejecutivo anunció el inicio de una reforma integral de la justicia penal, orientada a modernizar el sistema judicial, revisar procedimientos y fortalecer las garantías procesales. La iniciativa incluirá consultas y propuestas destinadas a transformar el funcionamiento de los tribunales y organismos vinculados a la administración de justicia.
La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de transición política que atraviesa Venezuela. Mientras el gobierno presenta la reforma como un paso hacia la institucionalización y la convivencia democrática, distintos sectores reclaman mayores garantías, transparencia y mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de persecución política.
